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De nuevo el gobierno impone un obstáculo más para que los inmigrantes puedan tener acceso al debido proceso de la ley, un derecho dentro de la Constitución que le corresponde a todas las personas en este país sin importar su estatus migratorio. El Procurador General Michael Mukasey expidió ayer una órden que pone fin a la práctica de permitir que los no-ciudadanos puedan reabrir sus casos de inmigración que hubieran perdido a causa de una representación legal incompetente. Las implicaciones de esta decisión son múltiples y las concecuencias se verán en un sin número de casos que se encuentran ya en litigio y que no podrán litigarse en el futuro.

Para las personas que estan tratando de seguir correctamente el proceso legal y regularizar su estatus migratorio y que sin embargo terminarán con una órden de deportación a causa de errores causados por abogados incompetentes, esta decisión es devastadora. Tambien lo es para todas aquellas personas que habiendo estado en el país legalmente, acaban siendo deportados por seguir consejos legales incorrectos de sus abogados. Es tal el número de abogados y notarios que se dedican a estafar a las personas por miles de dólares a cambio de una promesa de legalización, que varios estados han propuesto legislación para tratar de imponer sanciones contra estos defraudadores.

La decisión del Procurador no conincide con el principio de que todas las personas merecen su día en la corte y ser tratados justamente por las leyes cuando el gobierno les esta castigando. La consecuencia será que a pesar de haber estado legalmente en este país, miles de personas perderán la oportunidad de preservar su estatus legal o de obtenerlo dentro un proceso legal justo y una decision de un juez basada en los hechos presentados por un abogado competente.

El público en general no tiene conocimiento de lo dificil que es para los inmigrantes el navegar el sistema de leyes de inmigración y lo difícil que es para la mayoría el pelear una órden de deportación. En primer lugar porque bajo el sistema de leyes de inmigración el gobierno no tiene la obligación de proveer representación legal. Más de la mitad de los no-ciudadanos que tiene la oportunidad de estar parados frente a un juez, lo hacen sin representación legal alguna. El hecho de que las leyes de inmigración son tan complejas como las leyes que rigen los impuestos tampoco se entiende. En otras palabras, la mayoría de las personas que tienen la suerte de tener una audiencia con un juez de inmigración, lo hacen sin tener idea clara del proceso, sin representación legal y con serios obstaculos por el idioma.

Los no-ciudadanos que llegan a pelear su caso con un abogado que sabe lo que hace, es muy reducido y más aun los casos que se ganan a pesar de tener un abogado competente.