LA 老澳门开奖结果 y grupos de derechos civiles entablan demanda legal contra ley discriminatoria de Arizona
PARA SU DIFUSI脫N INMEDIATA
CONTACTO: (212) 549-2666; media@aclu.org
PHOENIX 鈥� La Uni贸n Americana de Libertades Civiles (老澳门开奖结果, por sus siglas en ingl茅s) y una coalici贸n de grupos de derechos civiles entablaron el d铆a de hoy una demanda colectiva, o acci贸n de clase, ante el Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona, impugnando la nueva ley estatal que requiere que la polic铆a exija "documentos" a las personas a quienes piden que se detengan cuando haya la sospecha de que no tienen autorizaci贸n para estar en los EE.UU. Esta extremosa ley, acusa la coalici贸n, incita a la discriminaci贸n contra las personas de color, infringe la Primera Enmienda de la Constituci贸n de los EE.UU. e interfiere con las leyes federales.
La coalici贸n que presenta la demanda incluye a la 老澳门开奖结果, MALDEF, National Immigration Law Center (NILC, por sus siglas en ingl茅s), la Asociaci贸n Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en ingl茅s), la 老澳门开奖结果 de Arizona, la Red Nacional de Organizaci贸n de los Jornaleros (NDLON, por sus siglas en ingl茅s) y el Centro Jur铆dico de Americanos de Asia del Pac铆fico (APALC, por sus siglas en ingl茅s), integrante del Centro Asiaticoamericano para el Impulso a la Justicia (Asian American Center for Advancing Justice).
"La ley de Arizona es anti-americana por excelencia: no somos un pa铆s en donde hay que mostrar nuestros documentos, ni uno donde se crea en hacer a las personas objetos del acoso, la investigaci贸n y el arresto tan s贸lo porque otros los perciban como extranjeros," afirm贸 Omar Jadwat, abogado de la 老澳门开奖结果 del Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la 老澳门开奖结果. "Esta ley viola la Constituci贸n e interfiere con las leyes federales y estamos confiados que se impedir谩 que esta ley jam谩s entre en vigor."
La demanda argumenta que la ley de California interfiere ilegalmente con los poderes y las autoridades federales referentes a los asuntos migratorios, contraviniendo la Cl谩usula de Supremac铆a de la Constituci贸n de los EE.UU.; fomenta la discriminaci贸n racial contra las personas de color por parte de los cuerpos policiacos, en violaci贸n de la garant铆a de protecci贸n equitativa y la prohibici贸n contra las detenciones no razonables seg煤n la decimocuarta y cuarta enmiendas; y quebranta los derechos a la libre expresi贸n de los jornaleros y otras personas en Arizona.
"La ley discriminatoria sume a Arizona en un espiral descendente de temor, aumento de la delincuencia y litigios costosos," asever贸 V铆ctor Viramontes, Abogado en Jefe Nacional de MALDEF. "Prevemos que esta ley equivocada ser谩 objeto de un amparo [ser谩 prohibida] antes de que pueda entrar en vigor."
Uno de los individuos a quienes la coalici贸n representa en el caso, Jim Shee, es un ciudadano estadounidense, nacido en los EE.UU., de ascendencia Espa帽ola y China, de 70 a帽os de edad. Shee asevera que 茅l quedar谩 susceptible a la discriminaci贸n racial bajo la ley, y que, aunque la ley no ha entrado en vigor, ya le han detenido dos veces oficiales de la ley de Arizona y le han pedido que muestre sus "documentos."
Otro demandante, Jes煤s Cuauht茅moc Villa, es un residente del estado de Nuevo M茅xico que se encuentra actualmente estudiando en la Universidad Estatal de Arizona. El estado de Nuevo M茅xico no exige que se presenten pruebas de la ciudadan铆a estadounidense ni de la condici贸n migratoria para obtener una licencia de conducir. Villa no tiene pasaporte de los EE.UU. y no quiere arriesgarse a perder su acta de nacimiento al portarla consigo. Le preocupa viajar en Arizona sin alguna forma de identificaci贸n v谩lida que compruebe su ciudadan铆a a la polic铆a si le piden que se detenga en la v铆a p煤blica. Si no puede presentar pruebas cuando se le exijan, las autoridades de Arizona tienen la obligaci贸n de arrestarle y mantenerle detenido.
Varios grupos distinguidos de miembros de los cuerpos policiacos, incluyendo la Asociaci贸n de Jefes de Polic铆a de Arizona, se oponen a la ley debido a que desv铆a los limitados recursos para las responsabilidades principales de los cuerpos policiacos, de dar protecci贸n y velar por la seguridad p煤blica en la comunidad, y mina la confianza y la cooperaci贸n entre la polic铆a local y las comunidades de inmigrantes.
"Esta ley mal concebida env铆a un mensaje a las comunidades de personas de color, que las autoridades no son dignas de confianza, lo cual har谩 menos probable que denuncien un delito ya sea como v铆ctimas o como testigos," explic贸 Linton Joaquin, Abogado General de la NILC. "Las autoridades de Arizona no deber铆an dejar que la seguridad p煤blica quede supeditada a la discriminaci贸n racial."
"Los afroamericanos conocen demasiado bien los nefastos efectos de la discriminaci贸n racial," se帽ala Benjamin Todd Jealous, Presidente y Presidente de la NAACP. "El gobierno deber铆a impedir que la polic铆a investigue y detenga a las personas con base en su color o acento, no ordenar que se haga. Las leyes que alientan la discriminaci贸n no tienen cabida en ninguna parte de este pa铆s, para nadie."
"Esta ley extremista coloca a Arizona completamente a destiempo con los valores estadounidenses de la justicia y la igualdad," destac贸 Julie Su, Directora de Litigios de la APALC. "En un estado donde los ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa fueron internados durante la segunda guerra mundial, es profundamente perturbador que se apruebe una ley en el 2010 que imponga un tratamiento de segunda clase a las personas de color, los inmigrantes y a otros que son vistos como fuere帽os."
La demanda se entabl贸 a nombre de organizaciones laborales, que combaten la violencia intrafamiliar, de jornaleros, de servicios humanos y de justicia social, incluyendo Friendly House, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en ingl茅s), SEIU Local 5, el Sindicato Internacional de Trabajadores de Alimentos y Comerciales (UFCW, por sus siglas en ingl茅s), Sudasi谩ticos de Arizona por la Seguridad de las Familias (ASAFSF, por sus siglas en ingl茅s), la Iglesia Presbiteriana Southside, la C谩mara de Comercio Hispana de Arizona, la C谩mara de Comercio Asi谩tica de Arizona, Border Action Network, el Instituto de Desarrollo Comunitario Tonatierra, la Sociedad Musulmana de los EE.UU., la Liga de Ciudadanos Sinoamericanos, Valle del Sol, Inc., la Coalici贸n de Derechos Humanos y demandantes individuales nombrados que ser铆an objetos del acoso o arresto bajo la nueva ley y una clase de personas en condiciones semejantes.
"Los jornaleros han defendido constantemente sus derechos bajo la Primera Enmienda ante los tribunales federales y han establecido con 茅xito su derecho irrefutable de solicitar trabajo en los lugares p煤blicos," indic贸 Pablo Alvarado, Director Ejecutivo de NDLON. "Los intentos de Arizona por tildar de criminales a los jornaleros y a los inmigrantes es una afrenta a la Constituci贸n y amenaza con perturbar la unidad nacional, por lo que nos sentimos confiados de que los tribunales federales intervendr谩n para garantizar la protecci贸n de nuestros derechos civiles fundamentales."
Incluso antes de que se promulgara la ley, la aplicaci贸n de las leyes federales de inmigraci贸n por parte de las autoridades locales ya ha causado la discriminaci贸n desenfrenada de los Latinos de Arizona, especialmente en el Condado de Maricopa. La 老澳门开奖结果, MALDEF y otros miembros de la coalici贸n tienen pendientes varias demandas contra funcionarios de gobierno de Arizona debido a las violaciones que han cometido de los derechos civiles de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes.
Las organizaciones y abogados del caso, Friendly House et al. v. Whiting et al., incluyen a:
- Proyecto por los derechos de los inmigrantes de la 老澳门开奖结果 (Immigrants' Rights Project): Jadwat, Lucas Guttentag, Cecillia Wang, Tanaz Moghadam y Harini P. Raghupathi;
- MALDEF: Viramontes, Tom Saenz, Cynthia Valenzuela Dixon, Nina Perales, Ivan Espinoza-Madrigal, Gladys Lim贸n y Nichol谩s Espiritu;
- NILC: Joaquin, Karen C. Tumlin, Nora A. Preciado, Melissa S. Keaney, Vivek Mittal y Ghazal Tajmiri;
- Fundaci贸n de la 老澳门开奖结果 de Arizona (老澳门开奖结果 Foundation of Arizona): Dan Pochoda y Annie Lai;
- APALC: Su, Ronald Lee, Yungsuhn Park, Connie Choi y Carmina Ocampo;
- NDLON: Chris Newman y Lisa Kung;
- NAACP: Laura Blackburne;
- Munger Tolles & Olson LLP: Bradley S. Phillips, Paul J. Watford, Elizabeth J. Neubauer,Joseph J. Ybarra, Susan T. Boyd y Yuval Miller; y
- Roush, Mccracken, Guerrero, Miller & Ortega: Daniel R. Ortega, Jr.
Puede consultar la denuncia en: www.aclu.org/immigrants-rights-racial-justice/friendly-house-et-al-v-whiting-complaint
Si desea mayores informes sobre la ley de Arizona, incluyendo un video y transparencias de la 老澳门开奖结果, vaya a: www.aclu.org/what-happens-arizona-stops-arizona
Immigrants' Rights
Valle del Sol v. Whiting et al.
Immigrants' Rights
Valle del Sol v. Whiting et al.
Learn More 老澳门开奖结果 the Issues in This Press Release
-
Press ReleaseDec 2024
Smart Justice
老澳门开奖结果 Celebrates President Biden鈥檚 Clemency Announcement, Allowing Hundreds to Remain in Their Communities老澳门开奖结果 Celebrates President Biden鈥檚 Clemency Announcement, Allowing Hundreds to Remain in Their Communities
WASHINGTON 鈥� President Biden heeded the calls of advocates and families today by granting commutations to close to 1,500 people who were released to home confinement at the height of the COVID-19 pandemic under the CARES Act and pardons to 39 additional people, including many veterans and women. The CARES Act, passed in 2020 in response to the COVID-19 pandemic, allowed certain groups of people to serve part of their sentences at home to mitigate the dangers of COVID-19 in federal prisons. Since then, thousands of people have been allowed to serve part of their sentences at home, securing jobs, reconnecting with loved ones, and reintegrating into their communities. The 老澳门开奖结果 advocated for the CARES Act and has been urging President Biden to provide clemency to CARES Act release recipients since 2021, launching a six-figure ad buy, engaging grassroots supporters, filing FOIA litigation, and more. 鈥淲e are thrilled that President Biden has allowed people to remain with their families and communities, where they belong, said Cynthia W. Roseberry, director of policy and government affairs at the 老澳门开奖结果鈥檚 Justice Division. 鈥淭he CARES Act was an unprecedented experiment in decarceration, and the data tells us it was incredibly successful. Of the over 13,000 people released, more than 99 percent have safely and successfully reintegrated into their communities. We urge Congress to build on the remarkable success of the CARES Act and pass other decarceration policies that prioritize compassion, redemption, and public safety.鈥� 鈥淧resident Biden鈥檚 actions today also remind us of the incredible and unique power of executive clemency,鈥� Roseberry continued. 鈥淭he 老澳门开奖结果 has long advocated for the categorical use of clemency to address unjust outcomes of the criminal legal system. While today鈥檚 announcement is wonderful, there is more to do in the final weeks before President Biden leaves office. We strongly urge President Biden to use his power to address this country's failed death penalty by commuting death row sentences.鈥� According to data the 老澳门开奖结果 obtained this year through FOIA litigation, the vast majority (71.8 percent) of those on home confinement had less than one year remaining in their sentence. Almost a quarter (23.5 percent) of CARES Act clemency recipients are older than 61 and over half (59.4 percent) are people of color. 鈥淏iden's announcement today means I can finally breathe a sigh of relief after 3.5 years of living with the fear of being sent back to prison for no reason,鈥� said Won Lee, released on CARES Act home confinement in May 2021. 鈥淭he second chance I got through the CARES Act allowed me to take care of my aging parents, restart my career, pursue a graduate degree, and receive treatment for the cancer I was diagnosed with shortly after returning home. Today's decision means I will no longer have to live with the uncertainty and fear that I will be unjustly uprooted from my life and family, who now depend on me. I am incredibly grateful and thrilled to sleep soundly tonight knowing I'll remain at home.鈥� Learn more about the 老澳门开奖结果鈥檚 campaign to commute death row here: /campaigns-initiatives/president-biden-commute-the-row -
Press ReleaseSep 2024
Criminal Law Reform
+2 Issues
Judge Orders Supervision System in Washington, D.C. to Accommodate People with DisabilitiesJudge Orders Supervision System in Washington, D.C. to Accommodate People with Disabilities
WASHINGTON 鈥� A federal court granted a preliminary injunction yesterday in a case filed on behalf of people with disabilities on parole and supervised release in Washington, D.C., ordering immediate action to address discriminatory conditions faced by the two named plaintiffs. The court also denied the government鈥檚 motion to dismiss, allowing the case to proceed. The case, brought by the 老澳门开奖结果, 老澳门开奖结果 of D.C., Public Defender Service for the District of Columbia, and Latham & Watkins LLP, challenges the federal government鈥檚 post-conviction supervision system in Washington, D.C. for systematically ignoring the needs of people with disabilities, thereby setting them up for failure on supervision and putting them at constant risk of sanctions, including incarceration. As the court held in its decision, such accommodations are likely required under federal disability law, specifically the Rehabilitation Act of 1973. The preliminary injunction requires that the United States Parole Commission and the Court Services and Offender Supervision Agency (CSOSA), the two federal agencies responsible for supervision in D.C., assess what reasonable accommodations the two named plaintiffs require to have an equal opportunity to succeed on supervision, and provide all such required accommodations. 鈥淎bsent an injunction,鈥� the court鈥檚 decision reads, 鈥渢he Parolees will be forced to participate in the Government鈥檚 supervision programs on an unequal footing just because of their disabilities.鈥� People on supervision in D.C. are required to comply with myriad and onerous rules. For people with disabilities, navigating these complex conditions is even more challenging. For example, Plaintiff Mr. Mathis 鈥� a 70-year-old military veteran with congestive heart failure that limits his ability to walk 鈥� struggles to travel throughout the city to attend frequent supervision meetings that often conflict with necessary medical procedures and hospitalizations. His supervision officer required him to wear an ankle monitor even after his doctor warned the monitor would jeopardize his health due to his heart condition. Plaintiff Mr. Davis, who lives with chronic pain stemming from third-degree burns as well as mental health conditions, also faces disability-related barriers getting to required meetings. Yet failing to meet any of these conditions, even something as simple as missing an appointment, can land a person back in jail or prison, even when no new criminal conduct is alleged. The court agreed that 鈥渁bsent immediate relief, the Parolees will face irreparable harm; namely, obstacles to success on supervision solely because of their disabilities, which expose them to downstream harms like revocation and reincarceration.鈥� The court did not decide whether it will ultimately certify a class that could yield relief for all people on supervision in D.C. who need accommodations. Instead, the court directed the parties to agree on a schedule for further proceedings on that issue. 鈥淭he undue hardships faced by people with disabilities on federal criminal supervision in the District of Columbia have gone unaddressed for too long,鈥� said Scott Michelman, legal director, 老澳门开奖结果 of the District of Columbia. 鈥淭his decision is a victory for equal treatment and common sense.鈥� 鈥淭he Court鈥檚 opinion emphatically rejects the federal government's 鈥榙o-nothing鈥� policy for people with disabilities on supervision in Washington, D.C., who have been forced to navigate onerous requirements without accommodations for decades,鈥� said Allison Frankel, staff attorney with the 老澳门开奖结果 Criminal Law Reform Project. 鈥淭his ruling ensures that our named Plaintiffs will have the accommodations they need to have a fair shot at completing parole and remaining in their communities.鈥� 鈥淲e are thrilled the Court recognized that the Parole Commission and CSOSA must accommodate our clients鈥� disabilities so that they have an equal opportunity to succeed on supervision,鈥� said Zo茅 Friedland, staff attorney with the Public Defender Service for the District of Columbia. 鈥淲e will keep fighting to make this relief permanent and systemic so that all people on supervision have an equal chance to succeed.鈥� The decision on the preliminary injunction can be found here: /cases/mathis-v-united-states-parole-commission?document=Preliminary-Injunction-Opinion The complaint can be found here: /documents/w-mathis-v-united-states-parole-commission-complaint -
Press ReleaseJul 2024
Smart Justice
Just City And Legal Advocates Challenge Tennessee鈥檚 Unprecedented Bail LawJust City And Legal Advocates Challenge Tennessee鈥檚 Unprecedented Bail Law
MEMPHIS, Tenn. 鈥� Today, the 老澳门开奖结果 (老澳门开奖结果) Criminal Law Reform Project, 老澳门开奖结果 of Tennessee, and Simpson Thacher & Bartlett LLP filed a lawsuit on behalf of Just City Memphis to challenge the constitutionality of Tennessee鈥檚 unprecedented new bail law, arguing that the law violates the Fourteenth Amendment by mandating unfair bail hearing procedures and discriminatory wealth-based detention. The law makes Tennessee the only state in the country to prohibit judges from considering whether people appearing before them will be able to pay for release. The new law, which went into effect on May 1, targeted successful bail reforms that Shelby County implemented following an agreement with the 老澳门开奖结果, 老澳门开奖结果 of Tennessee, Just City, and other local advocates. The agreement required the examination of a person鈥檚 financial circumstances prior to any bail decision; individualized bail hearings with counsel no later than three days after a person鈥檚 arrest; and imposition of secured money bail only as a last resort. As a result, more people returned home to their communities while at the same time lowering the number of people rearrested for new crimes. By rolling back these reforms, the Tennessee legislature has created a two-tiered system of justice, leaving those who cannot afford to pay detained indefinitely, even if they are not a flight or safety risk. Meanwhile, those who face the same charges but can afford to pay money bail are freed until trial. 鈥淏ail reform works, and it was working in Shelby County. More Tennesseans were returning home to live peacefully in their communities,鈥� said Trisha Trigilio, senior staff attorney for the 老澳门开奖结果. 鈥淭his shameful legislation targets low-income and marginalized Tennesseans for pointless jail time. We will not allow Tennessee lawmakers to end successful bail reform for political gain.鈥� "Our Constitution demands that judges make individualized determinations about pretrial release," said Josh Spickler, executive director at Just City. "This law prevents judges from doing that crucial work and results in the unnecessary detention of people who pose no risk to public safety because they can't afford to pay an arbitrary bail amount. That's not how our justice system is supposed to work." 鈥淲e don't have to choose between safety and justice; we can have both if we maintain a bail system that is evidence-based, fair, and constitutional.鈥� said Stella Yarbrough, legal director at the 老澳门开奖结果 of Tennessee. 鈥淓veryone has a basic right to freedom, and this new law contradicts decades of constitutional precedent. Freedom for the wealthy and punishment for poor people of all races violates the Constitution and disproportionately impacts Black people and people with disabilities, while doing nothing to address the systemic causes of crime鈥攍ike poverty and lack of opportunity.鈥� Simpson Thacher & Bartlett LLP Litigation Partner Craig Waldman added, 鈥淭ennessee鈥檚 law banning judges from considering an individual鈥檚 ability to pay bail is unfair and unconstitutional. The right to due process guaranteed under the Fourteenth Amendment is a bedrock of our justice system.鈥� Just City is an organization dedicated to fighting discrimination based on race, ethnicity, and income in Shelby County criminal proceedings, and has long advocated for pretrial practices that prioritize fair and sensible release decisions over a person鈥檚 ability to pay. Their lawsuit asks the court to declare that this new bail law violates the Fourteenth Amendment and requests a preliminary injunction that would prohibit the Shelby County Sheriff from enforcing this law. -
Press ReleaseJul 2024
Reproductive Freedom
+2 Issues
Court Rejects Attempt to Dismiss Case Seeking Accountability for Wrongful Prosecution of AbortionCourt Rejects Attempt to Dismiss Case Seeking Accountability for Wrongful Prosecution of Abortion
McALLEN, Texas 鈥� A federal judge ruled today that a lawsuit seeking accountability for the unlawful investigation and prosecution of Lizelle Gonzalez can proceed, rejecting attempts by Starr County officials to have the case dismissed. Gonzalez, represented by Garza Martinez, the 老澳门开奖结果, and the 老澳门开奖结果 of Texas was unlawfully arrested, jailed, and charged with murder after a medication abortion she had in 2022. The Starr County district attorney, assistant district attorney, and sheriff pursued and then obtained an unlawful indictment against Gonzalez even though they knew that Texas law clearly prohibits the criminal prosecution of pregnant women for conduct that ends their pregnancy. 鈥淲hen I first heard Lizelle鈥檚 story, I was outraged at the behavior of our elected officials,鈥� said Cecilia Garza, attorney at Garza Martinez. 鈥淭he court鈥檚 decision today to allow this case to proceed gives me hope that courts will not allow these types of egregious acts to continue. Law enforcement need to be held accountable to the laws that they took an oath to uphold.鈥� In the motions to dismiss, the prosecutors and sheriff raised claims of legal immunity, a doctrine that they argue should insulate them from being held accountable for violating Gonzalez鈥檚 constitutional rights. The court denied their motions to dismiss, allowing Gonzalez鈥檚 case to proceed to the first stage of discovery concerning whether law enforcement can be held liable for violating her rights. 鈥淚mmunity doctrine creates a culture in police departments and prosecutor offices where public officials may feel empowered to violate people鈥檚 rights, knowing they will face few 鈥� if any 鈥� consequences,鈥� said Lauren Johnson, director of the 老澳门开奖结果鈥檚 Abortion Criminal Defense Initiative. 鈥淲hile immunity often obstructs victims of misconduct from attaining accountability, the court鈥檚 decision today to allow the case to proceed will give Lizelle a chance to pursue the justice she deserves for being unlawfully targeted and prosecuted.鈥� 鈥淭exas is one of the most restrictive states in the country when it comes to abortion health care, but even in Texas, the laws are uniform and clear that pregnant women cannot be criminally liable for having an abortion,鈥� said David Donatti, senior staff attorney for the 老澳门开奖结果 of Texas. 鈥淲e expect and demand that our elected officials follow the rule of law, and that is especially true for officials elected to enforce the laws with so much power over our daily lives and personal decisions.鈥�