Una juez proh铆be que entren en vigor art铆culos clave de la ley de caracterizaci贸n [discriminaci贸n] racial de Arizona
Para su difusi贸n inmediata
CONTACTO: (212) 549-2666; media@aclu.org
PHOENIX 鈥� Al prohibir ayer disposiciones clave de la ley de caracterizaci贸n racial de Arizona, que entr贸 en vigor el 29 de Julio, mientras se emite un fallo determinante respecto a su constitucionalidad, una juez del tribunal federal en Phoenix garantiz贸 que los cuerpos policiacos de Arizona no se vean obligados a exigir "documentos" de las personas a quienes intercepten y quienes sospechen se encuentran en el pa铆s de manera ilegal. El fallo se produjo en una demanda entablada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos impugnando la ley de Arizona. Dicho fallo reivindica reclamos semejantes hechos por la Uni贸n Americana de Libertades Civiles y una coalici贸n de grupos de derechos civiles, mediante una demanda distinta que impugna esta ley discriminatoria.
Los art铆culos de la ley que se suspenden incluyen las siguientes disposiciones:
- El requisito que los oficiales de la polic铆a investiguen la condici贸n migratoria de todos los individuos a quienes detengan si los oficiales sospechan que se encuentran en el pa铆s de manera ilegal;
- La reclusi贸n obligatoria de individuos que sean arrestados, incluso por infracciones menores que normalmente resultar铆an en una multa, si no pueden verificar que tienen permiso para estar en los Estados Unidos;
- La nueva disposici贸n que impone sanciones estatales de tipo penal contra individuos que no sean ciudadanos y no se registren ante el Departamento de Protecci贸n a la Patria, o Homeland Security, o que no lleven consigo los documentos de su registro;
- La disposici贸n para el arresto sin necesidad de que medie una orden, de individuos quienes los oficiales de la ley, ya sea estatales o locales, sospechen que se les puede deportar; y
- La nueva disposici贸n estatal que califica como delito el hecho que los inmigrantes indocumentados trabajen.
La juez suspendi贸 la disposici贸n que habr铆a creado una prohibici贸n estatal contra la posibilidad de que las personas indocumentadas soliciten o desempe帽en cualquier trabajo. Sin embargo, la juez no suspendi贸 la disposici贸n que proh铆be que se contrate a jornaleros si el hecho de contratarlos obstaculiza el tr谩nsito de veh铆culos. La coalici贸n de derechos civiles sostiene que dichos art铆culos de la ley violan las garant铆as al derecho de expresi贸n y conf铆an que en 煤ltima instancia dichos art铆culos tambi茅n se prohibir谩n por ser anticonstitucionales, de acuerdo a la Primera Enmienda de la Constituci贸n.
La coalici贸n de derechos civiles que tambi茅n impugn贸 la ley incluye a la 老澳门开奖结果, MALDEF, el Centro Nacional de Derecho Migratorio (National Immigration Law Center, o NILC, por sus siglas en ingl茅s), el Asian Pacific American Legal Center (APALC, por sus siglas en ingl茅s) -un integrante del Asian American Center for Advancing Justice- la 老澳门开奖结果 de Arizona, la National Day Laborer Organizing Network (NDLON, por sus siglas en ingl茅s) y la Nacional Association for the Advancement of Colored People (NAACP, por sus siglas en ingl茅s). El despacho jur铆dico Munger, Tolles y Olson LLP tambi茅n act煤a como abogado adjunto en este caso.
La demanda de la coalici贸n, archivada el 17 de mayo y para la cual se presentaron alegatos el mismo d铆a en que la causa del gobiDepartamento de Justicia, impugna la SB 1070 por motivos jur铆dicos que tambi茅n se plantean en la demanda del Departamento de Justicia, as铆 como por otros motivos jur铆dicos, incluyendo que la ley fomenta la caracterizaci贸n racial contra las personas de color, viola la Primera Enmienda e interfiere con las leyes federales. Seg煤n la coalici贸n, la ley har铆a que una enorme cantidad de personas, tanto ciudadanos como no ciudadanos, a la caracterizaci贸n racial, a las investigaciones indebidas y al encarcelamiento. Las siguientes citas se pueden atribuir a miembros de la coalici贸n, quienes se nombran a continuaci贸n.
Anthony D. Romero, Director Ejecutivo de la 老澳门开奖结果:
"Este es un paso importante que ayudar谩 a proteger a los residentes de Arizona contra la caracterizaci贸n racial y la discriminaci贸n racial, y el gobierno de Obama merece elogios por su decisi贸n escrupulosa de impugnar esta ley a pesar de las presiones para que se quedara callado. No se puede permitir que la frustraci贸n de un solo estado ante las pol铆ticas del gobierno federal vaya a chantajear a la autoridad federal ni dictar las prioridades del gobierno federal al grado de impedir que se haga cumplir debidamente la ley, se amenacen los derechos tanto de las personas que son ciudadanas como de aquellas que no lo son, y se violenten los principios fundamentales de los estadounidenses."
Nina Perales, Abogada de MALDEF para la Regi贸n Sudoeste:
"El fallo del d铆a de hoy subvierte el esquema migratorio anticonstitucional que Arizona quer铆a imponer. El fallo de la juez demuestra adem谩s que la Ley SB 1070 es un intento anticonstitucional por parte del estado de adue帽arse del sistema federal al interior de las fronteras de Arizona. Los estados de todo el pa铆s deben darse cuenta que cualquier intento parecido no tendr谩 茅xito."
Linton Joaqu铆n, Abogado General de NILC:
"Con el fallo de hoy, la Juez Bolton otorg贸 un amparo contra las disposiciones m谩s atroces de la Ley SB 1070, una promulgaci贸n peligrosa que amenaza los derechos fundamentales de un sin n煤mero de residentes de Arizona y visitantes al mismo. Otros estados que sigan las pautas err贸neas de Arizona deben considerarse bajo advertencia: no se puede permitir ning煤n intento de atropellar los derechos constitucionales de las comunidades de color en este pa铆s. Estamos ansiosos de demostrar, mediante nuestra demanda, que esta ley tan da帽ina deben eliminarse de manera permanente del r茅gimen jur铆dico de Arizona."
Alessandra Soler Meetze, Directora Ejecutiva de la 老澳门开奖结果 de Arizona:
"Este es un primer paso hacia la victoria para las libertades civiles en Arizona. Estamos ansiosos de demostrarle a la juez que esta ley reaccionaria de caracterizaci贸n racial quebranta la Constituci贸n, para que podamos comenzar el verdadero trabajo de elaborar soluciones pr谩cticas que respondan a las inquietudes que tiene el pa铆s respecto a la inmigraci贸n, en lugar de violentar los valores fundamentales de los estadounidenses."
Julie Su, Directora de Litigios de APALC:
"Elogiamos a la juez por haber visto lo peligroso que habr铆a sido que se promulgara esta ley. La SB 1070 presenta un esquema inmigratorio distinto y separado que contradice las leyes y pol铆ticas federales, y tendr铆a un efecto devastador en los asi谩tico-americanos, las personas provenientes de las islas de Pac铆fico, los latinos y otras personas de color en Arizona. De hecho, ya se han comenzado a sentir esos efectos negativos. Este fallo deja claro que intimidar a las comunidades de inmigrantes, el pedir que las personas se detengan con el pretexto de pedirles "documentos" y los pronunciamientos acerca de qui茅nes son los que tienen derecho a estar en Arizona y qui茅nes no, so pretexto de hacer cumplir la SB 1070, deben cesar de inmediato."
Pablo Alvarado, Director of NDLON:
"Si la historia nos sirve de referencia, el camino que nos queda por delante en Arizona, es muy largo. El d铆a de hoy fue una parada en el camino, y aunque confiamos plenamente en el proceso judicial para que en 煤ltima instancia se defienda la Constituci贸n de los Estados Unidos, no debemos cantar victoria hasta que se le ponga el alto a la SB 1070 por completo, y hasta que los derechos civiles de todos los habitantes de Arizona queden completamente protegidos."
La organizaciones y abogados del caso, Friendly House et al. v. Whiting et al., incluyen:
- Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la 老澳门开奖结果: Lucas Guttentag, Omar Jadwat, Cecillia Wang, Tanaz Moghadam y Harini P. Raghupathi;
- MALDEF: Perales, Thomas A. Saenz, Cynthia Valenzuela Dixon, Victor Viramontes, Gladys Lim贸n, Nichol谩s Espiritu e Ivan Espinoza-Madrigal;
- NILC: Joaquin, Karen Tumlin, Nora A. Preciado, Melissa S. Keaney, Vivek Mittal y Ghazal Tajmiri;
- Fundaci贸n 老澳门开奖结果 de Arizona: Dan Pochoda y Annie Lai;
- APALC: Su, Ronald Lee, Yungsuhn Park, Connie Choi y Carmina Ocampo;
- NDLON: Chris Newman;
- NAACP: Laura Blackburne;
- Munger Tolles & Olson LLP: Bradley S. Phillips, Paul J. Watford, Joseph J. Ybarra, Susan T. Boyd, Yuval Miller, Elisabeth J. Neubauer y Benjamin Maro;
- Roush, McCracken, Guerrero, Miller & Ortega: Daniel R. Ortega, Jr.
La petici贸n para un interdicto preliminar se pueden consultar en: www.aclu.org/immigrants-rights-racial-justice/friendly-house-et-al-v-whiting-et-al-plaintiffs-motion-preliminary-
Puede ver un video nuevo de la 老澳门开奖结果 acerca de c贸mo la SB 1070 fomenta la caracterizaci贸n racial en: www.aclu.org/immigrants-rights-racial-justice/would-you-ask-man-his-papers
Para mayores datos acerca de la ley de Arizona, vaya a: www.aclu.org/what-happens-arizona-stops-arizona
Immigrants' Rights
Valle del Sol v. Whiting et al.
Immigrants' Rights
Valle del Sol v. Whiting et al.
Learn More 老澳门开奖结果 the Issues in This Press Release
-
Press ReleaseDec 2024
Smart Justice
老澳门开奖结果 Celebrates President Biden鈥檚 Clemency Announcement, Allowing Hundreds to Remain in Their Communities老澳门开奖结果 Celebrates President Biden鈥檚 Clemency Announcement, Allowing Hundreds to Remain in Their Communities
WASHINGTON 鈥� President Biden heeded the calls of advocates and families today by granting commutations to close to 1,500 people who were released to home confinement at the height of the COVID-19 pandemic under the CARES Act and pardons to 39 additional people, including many veterans and women. The CARES Act, passed in 2020 in response to the COVID-19 pandemic, allowed certain groups of people to serve part of their sentences at home to mitigate the dangers of COVID-19 in federal prisons. Since then, thousands of people have been allowed to serve part of their sentences at home, securing jobs, reconnecting with loved ones, and reintegrating into their communities. The 老澳门开奖结果 advocated for the CARES Act and has been urging President Biden to provide clemency to CARES Act release recipients since 2021, launching a six-figure ad buy, engaging grassroots supporters, filing FOIA litigation, and more. 鈥淲e are thrilled that President Biden has allowed people to remain with their families and communities, where they belong, said Cynthia W. Roseberry, director of policy and government affairs at the 老澳门开奖结果鈥檚 Justice Division. 鈥淭he CARES Act was an unprecedented experiment in decarceration, and the data tells us it was incredibly successful. Of the over 13,000 people released, more than 99 percent have safely and successfully reintegrated into their communities. We urge Congress to build on the remarkable success of the CARES Act and pass other decarceration policies that prioritize compassion, redemption, and public safety.鈥� 鈥淧resident Biden鈥檚 actions today also remind us of the incredible and unique power of executive clemency,鈥� Roseberry continued. 鈥淭he 老澳门开奖结果 has long advocated for the categorical use of clemency to address unjust outcomes of the criminal legal system. While today鈥檚 announcement is wonderful, there is more to do in the final weeks before President Biden leaves office. We strongly urge President Biden to use his power to address this country's failed death penalty by commuting death row sentences.鈥� According to data the 老澳门开奖结果 obtained this year through FOIA litigation, the vast majority (71.8 percent) of those on home confinement had less than one year remaining in their sentence. Almost a quarter (23.5 percent) of CARES Act clemency recipients are older than 61 and over half (59.4 percent) are people of color. 鈥淏iden's announcement today means I can finally breathe a sigh of relief after 3.5 years of living with the fear of being sent back to prison for no reason,鈥� said Won Lee, released on CARES Act home confinement in May 2021. 鈥淭he second chance I got through the CARES Act allowed me to take care of my aging parents, restart my career, pursue a graduate degree, and receive treatment for the cancer I was diagnosed with shortly after returning home. Today's decision means I will no longer have to live with the uncertainty and fear that I will be unjustly uprooted from my life and family, who now depend on me. I am incredibly grateful and thrilled to sleep soundly tonight knowing I'll remain at home.鈥� Learn more about the 老澳门开奖结果鈥檚 campaign to commute death row here: /campaigns-initiatives/president-biden-commute-the-row -
Press ReleaseSep 2024
Criminal Law Reform
+2 Issues
Judge Orders Supervision System in Washington, D.C. to Accommodate People with DisabilitiesJudge Orders Supervision System in Washington, D.C. to Accommodate People with Disabilities
WASHINGTON 鈥� A federal court granted a preliminary injunction yesterday in a case filed on behalf of people with disabilities on parole and supervised release in Washington, D.C., ordering immediate action to address discriminatory conditions faced by the two named plaintiffs. The court also denied the government鈥檚 motion to dismiss, allowing the case to proceed. The case, brought by the 老澳门开奖结果, 老澳门开奖结果 of D.C., Public Defender Service for the District of Columbia, and Latham & Watkins LLP, challenges the federal government鈥檚 post-conviction supervision system in Washington, D.C. for systematically ignoring the needs of people with disabilities, thereby setting them up for failure on supervision and putting them at constant risk of sanctions, including incarceration. As the court held in its decision, such accommodations are likely required under federal disability law, specifically the Rehabilitation Act of 1973. The preliminary injunction requires that the United States Parole Commission and the Court Services and Offender Supervision Agency (CSOSA), the two federal agencies responsible for supervision in D.C., assess what reasonable accommodations the two named plaintiffs require to have an equal opportunity to succeed on supervision, and provide all such required accommodations. 鈥淎bsent an injunction,鈥� the court鈥檚 decision reads, 鈥渢he Parolees will be forced to participate in the Government鈥檚 supervision programs on an unequal footing just because of their disabilities.鈥� People on supervision in D.C. are required to comply with myriad and onerous rules. For people with disabilities, navigating these complex conditions is even more challenging. For example, Plaintiff Mr. Mathis 鈥� a 70-year-old military veteran with congestive heart failure that limits his ability to walk 鈥� struggles to travel throughout the city to attend frequent supervision meetings that often conflict with necessary medical procedures and hospitalizations. His supervision officer required him to wear an ankle monitor even after his doctor warned the monitor would jeopardize his health due to his heart condition. Plaintiff Mr. Davis, who lives with chronic pain stemming from third-degree burns as well as mental health conditions, also faces disability-related barriers getting to required meetings. Yet failing to meet any of these conditions, even something as simple as missing an appointment, can land a person back in jail or prison, even when no new criminal conduct is alleged. The court agreed that 鈥渁bsent immediate relief, the Parolees will face irreparable harm; namely, obstacles to success on supervision solely because of their disabilities, which expose them to downstream harms like revocation and reincarceration.鈥� The court did not decide whether it will ultimately certify a class that could yield relief for all people on supervision in D.C. who need accommodations. Instead, the court directed the parties to agree on a schedule for further proceedings on that issue. 鈥淭he undue hardships faced by people with disabilities on federal criminal supervision in the District of Columbia have gone unaddressed for too long,鈥� said Scott Michelman, legal director, 老澳门开奖结果 of the District of Columbia. 鈥淭his decision is a victory for equal treatment and common sense.鈥� 鈥淭he Court鈥檚 opinion emphatically rejects the federal government's 鈥榙o-nothing鈥� policy for people with disabilities on supervision in Washington, D.C., who have been forced to navigate onerous requirements without accommodations for decades,鈥� said Allison Frankel, staff attorney with the 老澳门开奖结果 Criminal Law Reform Project. 鈥淭his ruling ensures that our named Plaintiffs will have the accommodations they need to have a fair shot at completing parole and remaining in their communities.鈥� 鈥淲e are thrilled the Court recognized that the Parole Commission and CSOSA must accommodate our clients鈥� disabilities so that they have an equal opportunity to succeed on supervision,鈥� said Zo茅 Friedland, staff attorney with the Public Defender Service for the District of Columbia. 鈥淲e will keep fighting to make this relief permanent and systemic so that all people on supervision have an equal chance to succeed.鈥� The decision on the preliminary injunction can be found here: /cases/mathis-v-united-states-parole-commission?document=Preliminary-Injunction-Opinion The complaint can be found here: /documents/w-mathis-v-united-states-parole-commission-complaint -
Press ReleaseJul 2024
Smart Justice
Just City And Legal Advocates Challenge Tennessee鈥檚 Unprecedented Bail LawJust City And Legal Advocates Challenge Tennessee鈥檚 Unprecedented Bail Law
MEMPHIS, Tenn. 鈥� Today, the 老澳门开奖结果 (老澳门开奖结果) Criminal Law Reform Project, 老澳门开奖结果 of Tennessee, and Simpson Thacher & Bartlett LLP filed a lawsuit on behalf of Just City Memphis to challenge the constitutionality of Tennessee鈥檚 unprecedented new bail law, arguing that the law violates the Fourteenth Amendment by mandating unfair bail hearing procedures and discriminatory wealth-based detention. The law makes Tennessee the only state in the country to prohibit judges from considering whether people appearing before them will be able to pay for release. The new law, which went into effect on May 1, targeted successful bail reforms that Shelby County implemented following an agreement with the 老澳门开奖结果, 老澳门开奖结果 of Tennessee, Just City, and other local advocates. The agreement required the examination of a person鈥檚 financial circumstances prior to any bail decision; individualized bail hearings with counsel no later than three days after a person鈥檚 arrest; and imposition of secured money bail only as a last resort. As a result, more people returned home to their communities while at the same time lowering the number of people rearrested for new crimes. By rolling back these reforms, the Tennessee legislature has created a two-tiered system of justice, leaving those who cannot afford to pay detained indefinitely, even if they are not a flight or safety risk. Meanwhile, those who face the same charges but can afford to pay money bail are freed until trial. 鈥淏ail reform works, and it was working in Shelby County. More Tennesseans were returning home to live peacefully in their communities,鈥� said Trisha Trigilio, senior staff attorney for the 老澳门开奖结果. 鈥淭his shameful legislation targets low-income and marginalized Tennesseans for pointless jail time. We will not allow Tennessee lawmakers to end successful bail reform for political gain.鈥� "Our Constitution demands that judges make individualized determinations about pretrial release," said Josh Spickler, executive director at Just City. "This law prevents judges from doing that crucial work and results in the unnecessary detention of people who pose no risk to public safety because they can't afford to pay an arbitrary bail amount. That's not how our justice system is supposed to work." 鈥淲e don't have to choose between safety and justice; we can have both if we maintain a bail system that is evidence-based, fair, and constitutional.鈥� said Stella Yarbrough, legal director at the 老澳门开奖结果 of Tennessee. 鈥淓veryone has a basic right to freedom, and this new law contradicts decades of constitutional precedent. Freedom for the wealthy and punishment for poor people of all races violates the Constitution and disproportionately impacts Black people and people with disabilities, while doing nothing to address the systemic causes of crime鈥攍ike poverty and lack of opportunity.鈥� Simpson Thacher & Bartlett LLP Litigation Partner Craig Waldman added, 鈥淭ennessee鈥檚 law banning judges from considering an individual鈥檚 ability to pay bail is unfair and unconstitutional. The right to due process guaranteed under the Fourteenth Amendment is a bedrock of our justice system.鈥� Just City is an organization dedicated to fighting discrimination based on race, ethnicity, and income in Shelby County criminal proceedings, and has long advocated for pretrial practices that prioritize fair and sensible release decisions over a person鈥檚 ability to pay. Their lawsuit asks the court to declare that this new bail law violates the Fourteenth Amendment and requests a preliminary injunction that would prohibit the Shelby County Sheriff from enforcing this law. -
Press ReleaseJul 2024
Reproductive Freedom
+2 Issues
Court Rejects Attempt to Dismiss Case Seeking Accountability for Wrongful Prosecution of AbortionCourt Rejects Attempt to Dismiss Case Seeking Accountability for Wrongful Prosecution of Abortion
McALLEN, Texas 鈥� A federal judge ruled today that a lawsuit seeking accountability for the unlawful investigation and prosecution of Lizelle Gonzalez can proceed, rejecting attempts by Starr County officials to have the case dismissed. Gonzalez, represented by Garza Martinez, the 老澳门开奖结果, and the 老澳门开奖结果 of Texas was unlawfully arrested, jailed, and charged with murder after a medication abortion she had in 2022. The Starr County district attorney, assistant district attorney, and sheriff pursued and then obtained an unlawful indictment against Gonzalez even though they knew that Texas law clearly prohibits the criminal prosecution of pregnant women for conduct that ends their pregnancy. 鈥淲hen I first heard Lizelle鈥檚 story, I was outraged at the behavior of our elected officials,鈥� said Cecilia Garza, attorney at Garza Martinez. 鈥淭he court鈥檚 decision today to allow this case to proceed gives me hope that courts will not allow these types of egregious acts to continue. Law enforcement need to be held accountable to the laws that they took an oath to uphold.鈥� In the motions to dismiss, the prosecutors and sheriff raised claims of legal immunity, a doctrine that they argue should insulate them from being held accountable for violating Gonzalez鈥檚 constitutional rights. The court denied their motions to dismiss, allowing Gonzalez鈥檚 case to proceed to the first stage of discovery concerning whether law enforcement can be held liable for violating her rights. 鈥淚mmunity doctrine creates a culture in police departments and prosecutor offices where public officials may feel empowered to violate people鈥檚 rights, knowing they will face few 鈥� if any 鈥� consequences,鈥� said Lauren Johnson, director of the 老澳门开奖结果鈥檚 Abortion Criminal Defense Initiative. 鈥淲hile immunity often obstructs victims of misconduct from attaining accountability, the court鈥檚 decision today to allow the case to proceed will give Lizelle a chance to pursue the justice she deserves for being unlawfully targeted and prosecuted.鈥� 鈥淭exas is one of the most restrictive states in the country when it comes to abortion health care, but even in Texas, the laws are uniform and clear that pregnant women cannot be criminally liable for having an abortion,鈥� said David Donatti, senior staff attorney for the 老澳门开奖结果 of Texas. 鈥淲e expect and demand that our elected officials follow the rule of law, and that is especially true for officials elected to enforce the laws with so much power over our daily lives and personal decisions.鈥�